Nota sobre las dificultades que agitan a tres
transnacionales petroleras latinoamericanas.
Prof. Dr. Carlos Eduardo Daly Gimón
Petróleos
Mexicanos (PEMEX S.A.), Petróleo Brasileiro (PETROBRAS S.A.), y Petróleos de
Venezuela (PDVSA S.A.) atraviesan circunstancias realmente complicadas en 2019,
aunque por razones muy distintas.
Son
organizaciones que tienen como rasgo en común que son empresas estatales con
gestión predominantemente pública, es decir, en manos gubernamentales. Y, además,
tienen que hacer frente no solamente a las dificultades propias de los mercados,
sino también a los reiterados y harto conocidos errores de la dirección pública
en los negocios privados.
Nunca
está demás recordar que los desaciertos en la administración de los consorcios
petroleros de América Latina van más allá de ciertos manejos y estrategias
equivocadas, y que inciden directamente en el bienestar de los pueblos.
Entendemos
que los rendimientos empresariales son tan importantes, por así decirlo, como
la desigualdad en la distribución del ingreso a la que tan frecuentemente se
alude.
De
allí que estas referencias de la industria petrolera regional en dificultades tienen
que servir para ilustrar, resumidamente, la pesada e insufrible carga que
afecta a las estrategias nacionales de crecimiento económico y desarrollo
social.
Primero: PETROBRAS
S.A. y el ” affaire” del “Lava Jato”.
En
febrero de este año, la producción de petróleo de PETROBRAS S.A. fue de 2,61 millones
de barriles incluyendo Líquidos de Gas Natural (LGN). En 2018, la producción
promedio de petróleo y LGN fue de 2,63 millones de barriles por día, algo
inferior a la meta de 2,7 millones de barriles diarios establecida en los
planes empresariales.
Estos
datos revelan relativa estabilidad y un ajustado desempeño del conglomerado
energético brasileño.
No
obstante, PETROBRAS S.A. todavía arrastra las consecuencias del mayor escándalo
de corrupción con el que haya tenido que lidiar esa nación.
El “Lava
Jato”[1] ha significado un duro
golpe para la más importante empresa de Brasil, y la décimo cuarta empresa
petrolera a escala planetaria.
Todavía
en 2019, las investigaciones judiciales sobre el “Lava Jato” continúan[2].
Creada
en 1953 (Getulio Vargas), PETROBRAS S.A. tuvo hasta 1997 el monopolio de Gas
Natural y Petróleo cuando pasó a ser controlada por la Agencia Nacional del
Petróleo y el Consejo Nacional del Política Energética, alcanzando así un
modelo de negocios que llevó su producción por encima de los 2.000.000 de
barriles diarios en 2003.
La
descomposición de PETROBRAS S.A., si fuera posible establecer un momento
preciso en el que se inició, se adelanta con la adquisición de una refinería en
Pasadena, Estados Unidos (2006), en el gobierno de Lula Da Silva, siendo
Presidente del Consejo de Administración Dilma Rousseff.
Las
autoridades revelaron que PETROBRAS S.A. compró la mitad de la refinería a la
empresa belga ASTRA OIL S.A. por la cantidad de U.S.$ 360 millones, quién había
pagado, a su vez, por esa misma empresa un monto de U.S.$ 45 millones en 2005.
Es
el comienzo de la popularmente conocida “ Trama de Petrolao”.
Varios
años después, en febrero de 2015, con la
renuncia de Maria Das Graca Silva Foster y cinco directivos del Consejo de
Administración, comienza a conocerse la “Operación Lava Jato”, y sus
principales implicados. Paulo Roberto Costa es el personaje clave de la
negociación de los contratos de PETROBRAS S.A. con clientes y proveedores. A
cambio, se otorgaban comisiones y sobornos a líderes y funcionarios públicos de
organizaciones políticas como el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y el Partido de la Social Democracia
Brasileña (PSDB). Hasta el poderoso conglomerado ORDEBRECH [3], y su renombrado
presidente Marcelo Ordebrech resultaron involucrados en operaciones
relacionadas con los cuantiosos contratos de obras firmados con la principal empresa
petrolera de Brasil.
Hasta
ahora han sido procesadas una 155 personas en más de 50 litigios diferentes,
incluyendo la destitución de D. Rousseff, el enjuiciamiento y sentencia contra
el expresidente Ignacio Lula Da silva, y la reciente encarcelación y posterior liberación
del expresidente Michael Temer.
De
las consecuencias más resaltantes del “Lava Jato”, aparte del desprestigio de
la clase política y sobre la misma institucionalidad, tenemos que destacar el
marcado descenso del valor de mercado de PETROBRAS S.A., además del elevado endeudamiento
que ha venido a convertirse en una pesada carga financiera para la compañía. A
todo ello debe sumarse la creciente desconfianza sobre el emblemático Plan de
Inversiones Corporativo; cuyo monto alcanza los US$ 28.000 millones.
Según
datos revelados por la propia PETROBRAS S.A., las pérdidas de 2016 se elevaron
a más de US$ 7.200 millones, de las cuales alrededor de US$ 2.000 están relacionadas
con los hechos de corrupción de “Lava Jato”.
La
calificación crediticia internacional de PETROBRAS S.A. también recibió los
embates de esta crisis, pues la prestigiosa calificadora de riesgo Moody’s la llevó desde Baa3 hasta Ba2.
En
2018, PETROBRAS S.A. ha experimentado una cierta mejoría en sus cotizaciones en
los mercados bursátiles, y los resultados del primer semestre de ese mismo año reflejan
un beneficio neto de más de US$4.330 millones, el mejor resultado desde 2011.
No
obstante, y a raíz del “Lava Jato”, la U.S. Securities and Exchange Comission
(SEC)[4] sancionó el año pasado a
la petrolera brasileña con más de 1.876 millones de $ por manipulación contable,
y, pretender engañar a los inversionistas inflando de manera fraudulenta los
activos de la compañía en más de 2.500 millones de $.
PETROBRAS
S.A. negoció con la autoridad bursátil norteamericana las modalidades de pago
de esta cuantiosa indemnización, en la perspectiva de dar salidas al complejo
panorama económico y financiero que enfrenta.
Pero
como se ve, las secuelas del “Lava Jato” todavía prosiguen en Petróleo
Brasileiro S.A..
Segundo:
PEMEX S.A. también flaquea.
Petróleos
Mexicanos registró una producción de 1.623 millones de barriles diarios en
enero de 2019, lo que de acuerdo a https://www.eleconomista.com.mx
representa “su nivel más bajo desde hace 30 años, con una caída anual de 16% en
comparación con el mismo mes de 2018, la más profunda por lo menos en
comparación con todos los meses de la administración pasada”.
A
partir de la reforma energética de 2014, la gerencia de PEMEX planificó un
descenso en la producción por los dos años siguientes, para así impulsar una
recuperación con el apoyo de nuevas inversiones para elevar la producción hasta
los 2,4 millones de barriles diarios en 2019.
Pero
una cosa son las proyecciones y otra los resultados[5].
Cuatro
aspectos destacan en la problemática económica que enfrenta la estatal mexicana
en la actualidad.
Ante
todo, la situación fiscal coloca a la corporación petrolera en clara
vulnerabilidad. La carga impositiva que debe soportar la corporación energética
de México no solamente es excesivamente alta y limita su capacidad de invertir,
sino que a pesar de las promesas electorales del año anterior, el proyecto de
presupuesto 2019 contempla que PEMEX S.A. aporte a las finanzas públicas más
recursos de los que le fueron asignados para su propio gasto[6].
Por
otra parte, la empresa ha aumentado sustancialmente sus inversiones productivas
aunque su producción decayó. Tal como lo señala https://expansion.mx,
“en 2009, la empresa invirtió U.S.$18.640 millones y produjo 2,6 millones de
barriles diarios. En 2014, con U.S.$ 26.830 millones produjo 2,43 millones de
barriles diarios”.
El
agotamiento de los yacimientos es otra problemática llamativa pues la
disponibilidad de petróleo en los yacimientos ha venido mermando, a tal punto
de que las reservas probadas han mostrado una seria reducción; a lo que hay que
añadir que el petróleo crudo disponible es cada vez más petróleo de lutitas o
gas shale, cuya explotación comercial futura estará sujeta al comportamiento de
los precios internacionales, y a la decisión de las compañías.
Queda
el problema del endeudamiento de la corporación energética de México.
De
manera si se quiere efectista, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de México dijo recientemente: El principal problema financiero que
tenemos en el país es PEMEX S.A..
Se
refería el alto ejecutivo bancario, a los más de U.S.$ 104.563 millones de
deuda que tiene la empresa mexicana con sus acreedores.
Según
informaciones de Bloomberg[7], el monto total de los
activos de PEMEX es de U.S.$107.713 millones lo que significa que la empresa
mexicana adeuda alrededor del 97% de sus activos.
Y
todo va a depender del apoyo que desde las finanzas gubernamentales se esté
dispuesto a prestar a PEMEX S.A.. Los vencimientos de esa considerable deuda
están muy cercanos pues entre 2019 y 2021 tiene que pagar la suma de U.S$
30.000 millones, es decir, el 30% de su deuda aproximadamente.
La
cancelación de esa deuda condiciona a su vez el aporte de los inversionistas,
pues de no estar dispuesto el gobierno de A.M. Lopez Obrador a apoyar esos
compromisos financieros es muy probable que los agentes de inversiones se
alejen.
Menudo dilema que enfrenta
PEMEX en los meses que se avecinan.
A lo
que habría que sumar el robo de combustible que asola la distribución de
gasolina en la nación azteca, y que ha dado origen a ese fenómeno social tan
particular llamado el huachicoleo.
Tercero. PDVSA
S.A. enfrascada en un acentuado declive petrolero.
La
situación de la petrolera estatal venezolana es intrincada, y, pudiera decirse,
la más comprometida entre las tres más importantes corporaciones energéticas
latinoamericanas.
El panorama económico de PDVSA S. A. arroja, de
acuerdo a www.petroguia.com/ , señales muy preocupantes. El Venezuelan Red Book de Torino Capital
estima que los ingresos en divisas de la economía venezolana alcanzarán, en el
mejor de los escenarios, la cantidad de U.S.$ 10.473 millones en 2019, lo cual
significa, según la misma fuente, un 67% menos que con respecto a 2018, y si tomamos como referencia 2013, la
caída ronda un 86% aproximadamente.
La
baja sostenida de la producción petrolera puede considerarse como uno de los
factores que más afecta los ingresos de la estatal venezolana[8].
En
febrero de 2019, PDVSA S.A. produjo 1.106.000 barriles diarios, lo cual
significa que perdió más de la mitad de la producción si se le compara con los
2.683.000 que la corporación energética produjo en 2014, y que en el contexto
de las países productores/exportadores de la OPEP, representa la peor
disminución para un país miembro del cártel petrolero.
Todo
ello a pesar de que los precios del petróleo han venido experimentando un sostenido
proceso de recuperación en los mercados internacionales, y a la fecha, el
precio del petróleo Brent ronda los 69$ el barril, el WTI de referencia 62,12$
el barril, y el precio promedio del crudo venezolano ronda los 57 $ por barril.
El
nivel de endeudamiento de PDVSA S.A. es otro aspecto que asemeja la corporación
venezolana a sus pares de Brasil y México. A lo cual debe agregarse las
especificidades propias de las normativas nacionales, un severo control de
cambios aplicado desde 2003, la caída de los precios del petróleo que
caracterizó a los mercados a lo largo de la segunda década de este siglo, así
como las manifiestas dificultades para acceder a los mercados internacionales.
Todo
ello ha contribuido a que actualmente PDVSA S.A. sea una empresa técnicamente
en default.
Según
estimaciones no oficiales, la deuda financiera de PDVSA. S.A. cerró en U.S.$
34.555 millones en 2018, porque, conviene decirlo, los datos oficiales brillan
por su ausencia o su irregularidad no permite una sistematización rigurosa e
idónea.
La
única emisión que ha cumplido en materia de pagos de intereses de los Bonos de
PDVSA S.A. son los de vencimiento 2020, pues todas las demás emisiones de esos
instrumentos están en situación de atraso y/o de impago, incluyendo las
obligaciones de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). Los montos
atrasados por intereses y amortizaciones de las emisiones en títulos valores andan
por los U.S.$8.000 millones.
A lo
que debe agregarse, para tener una cierta precisión sobre las acreencias
externas, los pagos en barriles de petróleo a China y Rusia. Aparte, claro, del
convenio con Cuba, y los países beneficiados en el marco de acuerdo de
cooperación energética Petrocaribe.
La
contextualidad petrolera de la estatal venezolana se ha complicado aún más con
las recientes sanciones económicas de parte de los Estados Unidos, lo cual
agravará a breve plazo el panorama que someramente hemos descrito.
El
acceso al mercado interno norteamericano; los controles por parte de la Oficina
de Control de Activos extranjeros (OFAC); la supervisión y restricciones sobre las operaciones de CITGO,
los impedimentos al comercio de terceros países con Venezuela, las
importaciones de diluyentes desde los Estados Unidos para mejorar el crudo
pesado y extrapesado; son algunas de las medidas aplicadas desde enero 2019 que
han venido a complicar la situación económico-financiera de PDVSA S.A.. Ello
debe ser completado por las limitaciones de acceso al sistema financiero
estadounidense, y las llamadas sanciones personales sobre líderes y
funcionarios de la administración bolivariana en cuanto su ingreso y
permanencia en los Estados Unidos.
Aparte
de ello, hay un conjunto de variables que, paralelamente, han contribuido a la
caída de PDVSA S.A., y su precaria situación corporativa.
En
ese sentido puede mencionarse la retirada de los procesos de perforación de
empresas altamente especializadas como Schlumberger Ltd. y Halliburton Co., y
su sustitución por proveedores de servicios de segunda y hasta de tercera
categoría.
Asimismo,
la abultada nómina de empleados que ya supera los 140.000 trabajadores, de los
cuales unos 19.000 se desempeñan en empresas y actividades distintas a la
propiamente petrolera, y 6.800 realizan labores de filiales en el exterior de
PDVSA S.A..
A lo
que se suma la desviación de clara influencia ideológica de “la nueva
PDVSA.S.A.” hacia actividades no propiamente relacionados con el área
energética, como es la comercialización de productos alimenticios o, más allá
de bienes de la canasta básica; la merma en la productividad laboral, o las
consecuencias del despido masivo de
técnicos y gerentes petroleros que produjo una especie de
descapitalización en materia laboral en la corporación petrolera.
Probablemente
tenga que completarse este esquema con los desaciertos en la selección de una
gerencia calificada y eficiente, pues hace ya más de 15 meses que el mayor
general de la Guardia Nacional Manuel Quevedo desempeña las funciones de
Ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, y en ese período la
producción petrolera ha disminuido en más de 826.000 b/d a pesar de haber
prometido ante la opinión pública nacional que aumentaría la producción de
petróleo crudo en más de un millón de barriles diarios, y que, además,
impulsaría las exportaciones de gas natural.
Igual
que ha ocurrido en PETROBRAS S.A, y en menor cuantía en PEMEX S.A., los hechos
de corrupción han formado parte de dinámica empresarial de PDVSA S.A..
Uno
de los escándalos más reciente ha sido encabezada por la actuación del Fiscal
(e), T. William Saab, quién en nov. de 2018 anunció el descubrimiento y
procesamiento de más de 18 tramas petrolera, en las que han estado involucrados
más de 69 funcionarios y gerentes del consorcio energético.
También
tienen que subrayarse los manejos inescrupulosos del Fondo de Pensiones de los
trabajadores de PDVSA, con más de 28.035 jubilados.
O
las nada sorprendentes investigaciones judiciales por tráfico de influencia a
Diego Salazar y José Enrique Luongo, piezas claves del expresidente de PDVSA S.A.,
exministro de Petróleo y Minería Rafael Ramírez, actualmente prófugo de la
justicia y de paradero desconocido.
La
corrupción es un fenómeno que asedia un sinnúmero de actividades
gubernamentales en Venezuela y en la región, y, en materia de la función pública
es un verdadero azote : la transparencia en el negocio petrolero se ha vuelto
una urgente necesidad en la búsqueda de una nueva ética de la gestión
administrativa en América Latina. ¿O, será más bien, que estamos ante la
finalización de un largo período de inmoralidad convertida en un modo de
gobernar?
[1]
“Lavado de Autos” o “Lavado
de Carros”, “Operación Lavado a Presión”, o simplemente “Operación Autolavado”,
es la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, bautizada así
porque en sus inicios se le asoció a una
bomba de gasolina en la que también funcionaba el servicio de lavado, y que la
policía brasileña identificó con una red de lavado de dinero que terminó
implicando a altos personeros de la clase política en el poder.
[2]
Veáse Chavez Vallejo, Santiago. “Operación Lava Yato”. Lluvia Editores. Lima.
2018.
[3]
Veáse Daly Gimón, Carlos
Eduardo. “Una empresa transnacional para la corrupción”. En https://blogdecarlosdalygimon.blogspot.com, publicado el 16/08/2018.
[8]
El acceso a libros u otras
publicaciones sobre PDVSA S.A. resulta una tarea extremadamente difícil en la
administración bolivariana. De la revisión efectuada podemos rescatar: “Pdvsa
en carne propia”.Arreaza Arreaza,
J.C., Sosa Pietri, A., y otros autores. Ediciones Dahbar. 2008. “Venezuela
Energética” de Lopez, Leopoldo y Baquero, Gustavo. Ediciones la Hoja del
Norte.Caracas.2017.
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