sábado, 6 de abril de 2019

Nota sobre las dificultades que agitan a tres transnacionales petroleras latinoamericanas.


Nota sobre las dificultades que agitan a tres transnacionales petroleras latinoamericanas.



     
            Prof. Dr. Carlos Eduardo Daly Gimón

Petróleos Mexicanos (PEMEX S.A.), Petróleo Brasileiro (PETROBRAS S.A.), y Petróleos de Venezuela (PDVSA S.A.) atraviesan circunstancias realmente complicadas en 2019, aunque por razones muy distintas.
Son organizaciones que tienen como rasgo en común que son empresas estatales con gestión predominantemente pública, es decir, en manos gubernamentales. Y, además, tienen que hacer frente no solamente a las dificultades propias de los mercados, sino también a los reiterados y harto conocidos errores de la dirección pública en los negocios privados.
Nunca está demás recordar que los desaciertos en la administración de los consorcios petroleros de América Latina van más allá de ciertos manejos y estrategias equivocadas, y que inciden directamente en el bienestar de los pueblos.
Entendemos que los rendimientos empresariales son tan importantes, por así decirlo, como la desigualdad en la distribución del ingreso a la que tan frecuentemente se alude.  
De allí que estas referencias de la industria petrolera regional en dificultades tienen que servir para ilustrar, resumidamente, la pesada e insufrible carga que afecta a las estrategias nacionales de crecimiento económico y desarrollo social.   



Primero: PETROBRAS S.A. y el ” affaire” del “Lava Jato”.

En febrero de este año, la producción de petróleo de PETROBRAS S.A. fue de 2,61 millones de barriles incluyendo Líquidos de Gas Natural (LGN). En 2018, la producción promedio de petróleo y LGN fue de 2,63 millones de barriles por día, algo inferior a la meta de 2,7 millones de barriles diarios establecida en los planes empresariales.
Estos datos revelan relativa estabilidad y un ajustado desempeño del conglomerado energético brasileño.
No obstante, PETROBRAS S.A. todavía arrastra las consecuencias del mayor escándalo de corrupción con el que haya tenido que lidiar esa nación.
El “Lava Jato”[1] ha significado un duro golpe para la más importante empresa de Brasil, y la décimo cuarta empresa petrolera a escala planetaria.
Todavía en 2019, las investigaciones judiciales sobre el “Lava Jato” continúan[2].
Creada en 1953 (Getulio Vargas), PETROBRAS S.A. tuvo hasta 1997 el monopolio de Gas Natural y Petróleo cuando pasó a ser controlada por la Agencia Nacional del Petróleo y el Consejo Nacional del Política Energética, alcanzando así un modelo de negocios que llevó su producción por encima de los 2.000.000 de barriles diarios en 2003.
La descomposición de PETROBRAS S.A., si fuera posible establecer un momento preciso en el que se inició, se adelanta con la adquisición de una refinería en Pasadena, Estados Unidos (2006), en el gobierno de Lula Da Silva, siendo Presidente del Consejo de Administración Dilma Rousseff.
Las autoridades revelaron que PETROBRAS S.A. compró la mitad de la refinería a la empresa belga ASTRA OIL S.A. por la cantidad de U.S.$ 360 millones, quién había pagado, a su vez, por esa misma empresa un monto de U.S.$ 45 millones en 2005.
Es el comienzo de la popularmente conocida “ Trama de Petrolao”.
Varios años después, en febrero de 2015,  con la renuncia de Maria Das Graca Silva Foster y cinco directivos del Consejo de Administración, comienza a conocerse la “Operación Lava Jato”, y sus principales implicados. Paulo Roberto Costa es el personaje clave de la negociación de los contratos de PETROBRAS S.A. con clientes y proveedores. A cambio, se otorgaban comisiones y sobornos a líderes y funcionarios públicos de organizaciones políticas como el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Hasta el poderoso conglomerado ORDEBRECH [3], y su renombrado presidente Marcelo Ordebrech resultaron involucrados en operaciones relacionadas con los cuantiosos contratos de obras firmados con la principal empresa petrolera de Brasil.
Hasta ahora han sido procesadas una 155 personas en más de 50 litigios diferentes, incluyendo la destitución de D. Rousseff, el enjuiciamiento y sentencia contra el expresidente Ignacio Lula Da silva, y la reciente encarcelación y posterior liberación  del  expresidente Michael Temer.
De las consecuencias más resaltantes del “Lava Jato”, aparte del desprestigio de la clase política y sobre la misma institucionalidad, tenemos que destacar el marcado descenso del valor de mercado de PETROBRAS S.A., además del elevado endeudamiento que ha venido a convertirse en una pesada carga financiera para la compañía. A todo ello debe sumarse la creciente desconfianza sobre el emblemático Plan de Inversiones Corporativo; cuyo monto alcanza los US$ 28.000 millones.
Según datos revelados por la propia PETROBRAS S.A., las pérdidas de 2016 se elevaron a más de US$ 7.200 millones, de las cuales alrededor de US$ 2.000 están relacionadas con los hechos de corrupción de “Lava Jato”.
La calificación crediticia internacional de PETROBRAS S.A. también recibió los embates de esta crisis, pues la prestigiosa calificadora de riesgo  Moody’s la llevó desde Baa3 hasta Ba2.
En 2018, PETROBRAS S.A. ha experimentado una cierta mejoría en sus cotizaciones en los mercados bursátiles, y los resultados del primer semestre de ese mismo año reflejan un beneficio neto de más de US$4.330 millones, el mejor resultado desde 2011.
No obstante, y a raíz del “Lava Jato”, la U.S. Securities and Exchange Comission (SEC)[4] sancionó el año pasado a la petrolera brasileña con más de 1.876 millones de $ por manipulación contable, y, pretender engañar a los inversionistas inflando de manera fraudulenta los activos de la compañía en más de 2.500 millones de $.
PETROBRAS S.A. negoció con la autoridad bursátil norteamericana las modalidades de pago de esta cuantiosa indemnización, en la perspectiva de dar salidas al complejo panorama económico y financiero que enfrenta.
Pero como se ve, las secuelas del “Lava Jato” todavía prosiguen en Petróleo Brasileiro S.A..

Segundo: PEMEX S.A. también flaquea.

Petróleos Mexicanos registró una producción de 1.623 millones de barriles diarios en enero de 2019, lo que de acuerdo a https://www.eleconomista.com.mx representa “su nivel más bajo desde hace 30 años, con una caída anual de 16% en comparación con el mismo mes de 2018, la más profunda por lo menos en comparación con todos los meses de la administración pasada”.
A partir de la reforma energética de 2014, la gerencia de PEMEX planificó un descenso en la producción por los dos años siguientes, para así impulsar una recuperación con el apoyo de nuevas inversiones para elevar la producción hasta los 2,4 millones de barriles diarios en 2019.
Pero una cosa son las proyecciones y otra los resultados[5].
Cuatro aspectos destacan en la problemática económica que enfrenta la estatal mexicana en la actualidad.
Ante todo, la situación fiscal coloca a la corporación petrolera en clara vulnerabilidad. La carga impositiva que debe soportar la corporación energética de México no solamente es excesivamente alta y limita su capacidad de invertir, sino que a pesar de las promesas electorales del año anterior, el proyecto de presupuesto 2019 contempla que PEMEX S.A. aporte a las finanzas públicas más recursos de los que le fueron asignados para su propio gasto[6].
Por otra parte, la empresa ha aumentado sustancialmente sus inversiones productivas aunque su producción decayó. Tal como lo señala https://expansion.mx, “en 2009, la empresa invirtió U.S.$18.640 millones y produjo 2,6 millones de barriles diarios. En 2014, con U.S.$ 26.830 millones produjo 2,43 millones de barriles diarios”.
El agotamiento de los yacimientos es otra problemática llamativa pues la disponibilidad de petróleo en los yacimientos ha venido mermando, a tal punto de que las reservas probadas han mostrado una seria reducción; a lo que hay que añadir que el petróleo crudo disponible es cada vez más petróleo de lutitas o gas shale, cuya explotación comercial futura estará sujeta al comportamiento de los precios internacionales, y a la decisión de las compañías.
Queda el problema del endeudamiento de la corporación energética de México.
De manera si se quiere efectista, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México dijo recientemente: El principal problema financiero que tenemos en el país es PEMEX S.A..
Se refería el alto ejecutivo bancario, a los más de U.S.$ 104.563 millones de deuda que tiene la empresa mexicana con sus acreedores.
Según informaciones de Bloomberg[7], el monto total de los activos de PEMEX es de U.S.$107.713 millones lo que significa que la empresa mexicana adeuda alrededor del 97% de sus activos.
Y todo va a depender del apoyo que desde las finanzas gubernamentales se esté dispuesto a prestar a PEMEX S.A.. Los vencimientos de esa considerable deuda están muy cercanos pues entre 2019 y 2021 tiene que pagar la suma de U.S$ 30.000 millones, es decir, el 30% de su deuda aproximadamente.
La cancelación de esa deuda condiciona a su vez el aporte de los inversionistas, pues de no estar dispuesto el gobierno de A.M. Lopez Obrador a apoyar esos compromisos financieros es muy probable que los agentes de inversiones se alejen.
Menudo dilema que enfrenta PEMEX en los meses que se avecinan.
A lo que habría que sumar el robo de combustible que asola la distribución de gasolina en la nación azteca, y que ha dado origen a ese fenómeno social tan particular llamado el huachicoleo.

Tercero. PDVSA S.A. enfrascada en un acentuado declive petrolero.

La situación de la petrolera estatal venezolana es intrincada, y, pudiera decirse, la más comprometida entre las tres más importantes corporaciones energéticas latinoamericanas.
El  panorama económico de PDVSA S. A. arroja, de acuerdo a www.petroguia.com/  , señales muy preocupantes.  El Venezuelan Red Book de Torino Capital estima que los ingresos en divisas de la economía venezolana alcanzarán, en el mejor de los escenarios, la cantidad de U.S.$ 10.473 millones en 2019, lo cual significa, según la misma fuente, un 67% menos que con respecto a  2018, y si tomamos como referencia 2013, la caída ronda un 86% aproximadamente.
La baja sostenida de la producción petrolera puede considerarse como uno de los factores que más afecta los ingresos de la estatal venezolana[8].
En febrero de 2019, PDVSA S.A. produjo 1.106.000 barriles diarios, lo cual significa que perdió más de la mitad de la producción si se le compara con los 2.683.000 que la corporación energética produjo en 2014, y que en el contexto de las países productores/exportadores de la OPEP, representa la peor disminución para un país miembro del cártel petrolero.
Todo ello a pesar de que los precios del petróleo han venido experimentando un sostenido proceso de recuperación en los mercados internacionales, y a la fecha, el precio del petróleo Brent ronda los 69$ el barril, el WTI de referencia 62,12$ el barril, y el precio promedio del crudo venezolano ronda los 57 $ por barril.
El nivel de endeudamiento de PDVSA S.A. es otro aspecto que asemeja la corporación venezolana a sus pares de Brasil y México. A lo cual debe agregarse las especificidades propias de las normativas nacionales, un severo control de cambios aplicado desde 2003, la caída de los precios del petróleo que caracterizó a los mercados a lo largo de la segunda década de este siglo, así como las manifiestas dificultades para acceder a los mercados internacionales.
Todo ello ha contribuido a que actualmente PDVSA S.A. sea una empresa técnicamente en default.
Según estimaciones no oficiales, la deuda financiera de PDVSA. S.A. cerró en U.S.$ 34.555 millones en 2018, porque, conviene decirlo, los datos oficiales brillan por su ausencia o su irregularidad no permite una sistematización rigurosa e idónea.
La única emisión que ha cumplido en materia de pagos de intereses de los Bonos de PDVSA S.A. son los de vencimiento 2020, pues todas las demás emisiones de esos instrumentos están en situación de atraso y/o de impago, incluyendo las obligaciones de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). Los montos atrasados por intereses y amortizaciones de las emisiones en títulos valores andan por los U.S.$8.000 millones.
A lo que debe agregarse, para tener una cierta precisión sobre las acreencias externas, los pagos en barriles de petróleo a China y Rusia. Aparte, claro, del convenio con Cuba, y los países beneficiados en el marco de acuerdo de cooperación energética Petrocaribe.
La contextualidad petrolera de la estatal venezolana se ha complicado aún más con las recientes sanciones económicas de parte de los Estados Unidos, lo cual agravará a breve plazo el panorama que someramente hemos descrito.
El acceso al mercado interno norteamericano; los controles por parte de la Oficina de Control de Activos extranjeros (OFAC); la supervisión  y restricciones sobre las operaciones de CITGO, los impedimentos al comercio de terceros países con Venezuela, las importaciones de diluyentes desde los Estados Unidos para mejorar el crudo pesado y extrapesado; son algunas de las medidas aplicadas desde enero 2019 que han venido a complicar la situación económico-financiera de PDVSA S.A.. Ello debe ser completado por las limitaciones de acceso al sistema financiero estadounidense, y las llamadas sanciones personales sobre líderes y funcionarios de la administración bolivariana en cuanto su ingreso y permanencia en los Estados Unidos.
Aparte de ello, hay un conjunto de variables que, paralelamente, han contribuido a la caída de PDVSA S.A., y su precaria situación corporativa.
En ese sentido puede mencionarse la retirada de los procesos de perforación de empresas altamente especializadas como Schlumberger Ltd. y Halliburton Co., y su sustitución por proveedores de servicios de segunda y hasta de tercera categoría.
Asimismo, la abultada nómina de empleados que ya supera los 140.000 trabajadores, de los cuales unos 19.000 se desempeñan en empresas y actividades distintas a la propiamente petrolera, y 6.800 realizan labores de filiales en el exterior de PDVSA S.A..
A lo que se suma la desviación de clara influencia ideológica de “la nueva PDVSA.S.A.” hacia actividades no propiamente relacionados con el área energética, como es la comercialización de productos alimenticios o, más allá de bienes de la canasta básica; la merma en la productividad laboral, o las consecuencias del despido masivo de  técnicos y gerentes petroleros que produjo una especie de descapitalización en materia laboral en la corporación petrolera.
Probablemente tenga que completarse este esquema con los desaciertos en la selección de una gerencia calificada y eficiente, pues hace ya más de 15 meses que el mayor general de la Guardia Nacional Manuel Quevedo desempeña las funciones de Ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, y en ese período la producción petrolera ha disminuido en más de 826.000 b/d a pesar de haber prometido ante la opinión pública nacional que aumentaría la producción de petróleo crudo en más de un millón de barriles diarios, y que, además, impulsaría las exportaciones de gas natural.
Igual que ha ocurrido en PETROBRAS S.A, y en menor cuantía en PEMEX S.A., los hechos de corrupción han formado parte de dinámica empresarial de PDVSA S.A..
Uno de los escándalos más reciente ha sido encabezada por la actuación del Fiscal (e), T. William Saab, quién en nov. de 2018 anunció el descubrimiento y procesamiento de más de 18 tramas petrolera, en las que han estado involucrados más de 69 funcionarios y gerentes del consorcio energético.
También tienen que subrayarse los manejos inescrupulosos del Fondo de Pensiones de los trabajadores de PDVSA, con más de 28.035 jubilados.
O las nada sorprendentes investigaciones judiciales por tráfico de influencia a Diego Salazar y José Enrique Luongo, piezas claves del expresidente de PDVSA S.A., exministro de Petróleo y Minería Rafael Ramírez, actualmente prófugo de la justicia y de paradero desconocido.
La corrupción es un fenómeno que asedia un sinnúmero de actividades gubernamentales en Venezuela y en la región, y, en materia de la función pública es un verdadero azote : la transparencia en el negocio petrolero se ha vuelto una urgente necesidad en la búsqueda de una nueva ética de la gestión administrativa en América Latina. ¿O, será más bien, que estamos ante la finalización de un largo período de inmoralidad convertida en un modo de gobernar?  




[1] “Lavado de Autos” o “Lavado de Carros”, “Operación Lavado a Presión”, o simplemente “Operación Autolavado”, es la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, bautizada así porque en sus inicios  se le asoció a una bomba de gasolina en la que también funcionaba el servicio de lavado, y que la policía brasileña identificó con una red de lavado de dinero que terminó implicando a altos personeros de la clase política en el poder.
[2] Veáse Chavez Vallejo, Santiago. “Operación Lava Yato”. Lluvia Editores. Lima. 2018.
[3] Veáse Daly Gimón, Carlos Eduardo. “Una empresa transnacional para la corrupción”. En https://blogdecarlosdalygimon.blogspot.com, publicado el 16/08/2018.
[4] Veáse  https://www.sec.gov/ Consultada el 28/03/2019.
[5] Veáse Pérez, Ana Lilia. “Pemex Rip”. Editorial Grijalbo.México.2017.
[6] Tomado de https://www.energiaadebate.com Consultado el 05/04/2019.
[8] El acceso a libros u otras publicaciones sobre PDVSA S.A. resulta una tarea extremadamente difícil en la administración bolivariana. De la revisión efectuada podemos rescatar: “Pdvsa en carne propia”.Arreaza Arreaza, J.C., Sosa Pietri, A., y otros autores. Ediciones Dahbar. 2008. “Venezuela Energética” de Lopez, Leopoldo y Baquero, Gustavo. Ediciones la Hoja del Norte.Caracas.2017.

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