EDUARDO ORTIZ RAMÍREZ
El caso de la inflación[1]
ha sido de particular importancia dentro de la problemática evolución en los
últimos lustros en Venezuela, pues no ha
abandonado los dos dígitos que siempre
son de alta preocupación en la macroeconomía. Para 2013, la inflación anual
alcanzó 56% y la de los meses de noviembre y diciembre alcanzaron a 4.8 y 2.2%,
respectivamente. Fue muy notorio que la inflación del mes de noviembre se
suministró cerca de 30 días después de lo que debía suceder dados los patrones
tradicionales de entrega de tal indicador (El Universal, www.eluniversal.com. 30-12-13). Crecimiento importante de la liquidez (68%),
aumentos de salarios sin relación al crecimiento del producto o la
productividad[2],
riesgos variados en cuanto a inversión así como desequilibrios fiscales
diversos (gasto público basado en el populismo, inversiones poco rentables o
mal programadas, entre otros) han estado dentro de los determinantes de ese
alto nivel de inflación a pesar de los devaneos analíticos que ha tenido la
administración del presidente NM al señalar un éxito mensual o anual en tal o
cual momento. La inflación inercial
y las expectativas crecientes en
cuanto al propio crecimiento de los precios, además de problemas estructurales
y de no haberse atendido la dinámica inflacionaria con políticas más adecuadas,
han pasado a tener una determinación desde el propio mercado cambiario.
La determinación de los precios -y parte de su dinámica- de bienes no
esenciales e incluso de algunos de ellos, ha estado signada por el mercado del
dólar libre, negro o paralelo. De ahí que la administración del Presidente NM
buscó generar controles y rebajas de precios de bienes, partiendo de
consideraciones con origen en el manejo leal o desleal de las divisas -que
habrían hecho los agentes económicos-, de las asignadas por distintos
instrumentos. Episodios de registro transitó la sociedad venezolana a finales
de noviembre de 2013, en las ejecutorias que la administración del presidente
NM, en la figura de varios funcionarios asignados para llevar a efecto tal medida.
Amenazas, acciones por decreto, generación de expectativas, saqueos directos o
intento de desarrollo de otros o generación de balances positivos del lado
gubernamental (y cercano a las elecciones municipales del 8 de diciembre),
formaron parte del conjunto de procesos observados a partir de los
pronunciamientos y medidas de la administración de NM. En diciembre de 2013 y
ya entrado el 2014 el panorama económico social y comercial se tornó más claro
que en los momentos turbulentos de inicios de la medida: escasez y ubicación de
precios a niveles altos para distintos productos. Las vocerías (expresión de
gusto para la administración Bolivariana) de consumidores y distribuidores
sistematizaron parte de los resultados con la siguiente expresión: “no hay
productos y los que hay se presentan con precios muy altos”. El retraso en la
entrega por parte del BCV, del índice inflacionario de noviembre[3]
ya señalado –según la tradición de suministrarlo a los medios en los diez
primeros días del mes siguiente al mes en referencia- no hizo más que
corroborar el poco efecto de la medida en cuanto a disminución de precios.
Los controles de precios o regulaciones de algunos servicios
–educativos, bancarios, estacionamiento, por ejemplo- puede aceptarse que
tuvieron –relativamente- resultados favorables para los ciudadanos[4].
Sin embargo, en el caso de los servicios educativos, para julio 2014, la
administración pasó a permitirles nuevamente a los colegios privados de
primaria y bachillerato pudiesen aumentar tarifas según estructura de costos
que debe ser analizada por la sociedad de padres[5];
habiendo influido para ello la larga reclamación –alrededor de dos lustros-que
este sector había dirigido a la administración bolivariana por las dificultades
para atender las necesidades de los institutos con tarifas bajas para los
estudiantes.
Pero, el cuadro global de medidas, en el contexto de la
dinámica fiscal y cambiaria que se ha presentado en la economía venezolana -con
sus características de economía rentista, dependiente del petróleo y con un capitalismo de Estado ampliado y amenazante-
en los desempeños de la administración bolivariana y, más aun, el cuadro de
desconfianza por amenazas a la propiedad y por deterioro e inestabilidad en los
desempeños institucionales, generó un escenario de desinversión, presión
inflacionaria y búsqueda de activos seguros y salidas de capital que se ha
convertido en una verdadera zozobra económica, durante buena parte de los más
de dieciocho años de la administración señalada. En este contexto, se
volvió normal la desaparición de productos que en rutinarios ciclos aparición/desaparición
terminaron convirtiéndose en nuevos aumentos de precios. Los ciudadanos se
vieron, así, sometidos a escaseces[6]
forzadas por las interrelaciones entre el ejecutivo y los empresarios vía
alteración de los precios relativos (Francisco Rodríguez, Venezuela: What’s
eating Venezuela’s dollars? Understanding dollar scarcity. Bank of America
Merrill Lynch. 07 February 2014), pero también por las restricciones en la
obtención de divisas para importaciones, en un contexto –como se señalará más
adelante- donde Venezuela pasó a convertirse en un importador definido de
numerosos alimentos y rubros diversos.
Los controles de precios en alimentos, han sido ejecutados
por la administración bolivariana con el fin de disminuir especulaciones y
garantizar el suministro de los mismos para las mayorías. En algunas áreas como
legumbres y hortalizas, los productores han insistido en que desestimulan la
producción de los mismos. Se han perdido alimentos en las comercializadoras
estatales y se ha generado el monopolio estatal de algunos rubros y -en otros
casos- los productos reglamentados nunca aparecen a los precios a los que están
regulados; se dirigen a otros mercados y desaparece la regularidad de su
abastecimiento. Creándose, así, una ficción de una administración que regula
precios con fines distributivos pero con bienes que no aparecen o en algunos
casos -cuando sucede- es con precios más altos.
Los alimentos se han vuelto, entonces, un tema de recurrente
preocupación e inestabilidad para los consumidores y un mecanismo de
permanentes nuevas ofertas sobre regularización del suministro o aparición
interesada y focalizada de tales bienes sólo en los mecanismos y cadenas de distribución
que se encuentran bajo control gubernamental. Estas últimas fueron aumentando
en número y ampliando su radio de acción (Mercal, Casa, Bicentenario, otras[7]).
En cuanto bienes durables y productos distintos a alimentos, la administración bolivariana
pasó a presenciar 2014 con negocios y establecimientos diversos vacíos, después
de las acciones que emprendió en noviembre 2013 y que se señalaron.
Complementado ese escenario por escasez de variado tipo de productos, precios a
niveles superiores a los controlados, pues en algunos casos la fiscalización y
control de precios significó un aumento autorizado de los mismos o, dados los
productos agotados, la entrada de nuevos productos pasó automáticamente a
precios dolarizados. En cualquiera de los casos, las fiscalizaciones de
precios abarcaron a marcas y empresas
específicas como LG o Sony. De esta manera, la Superintendencia de Precios
Justos publicó, por ejemplo, dos listados –posteriores a varios que previamente
había publicado-, en cuanto a productos que elaboran y distribuyen tales
empresas y que para Sony abarcaron televisores, reproductores de sonido,
cámaras, cornetas, entre otros. Para LG abarcó productos similares y también
lavadoras, neveras o acondicionadores de aire. Igual que en el caso de otras
empresas de ropa o automóviles, tales listados se publicaron con los
respectivos precios.
En el año 2011, la administración de HC promulgó la Ley de Costos y Precios Justos[8] -
Gaceta Oficial 39.715 (18 de julio 2011). En ella se
señala en su Artículo 1°: “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley tiene por objeto establecer las regulaciones, así como los mecanismos de
administración y control, necesarios para mantener la estabilidad de precios y
propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la población en Igualdad de
condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los
intereses de la población y no del capital.” Y en el Articulo 3: “Se
exceptúan de la aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley los bancos e instituciones financieras sometidas a la vigilancia de la
superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.” Dentro de numerosas
observaciones que se le pueden hacer a esa Ley –y a otras similares- debe
señalarse que no está claro ni evidenciado que una política que no privilegie
los intereses del capital, sea lo más adecuado para inspirar manejos de
política económica o de compensación de externalidades negativas del mercado en
la Venezuela actual. Por su parte, las políticas de controles de precios no han
demostrado eficacia durante la administración bolivariana para reducir la
inflación.
En específico, la forma de controles que derivan de la ley
en referencia permitió acumular el intervencionismo estatal en la formación de
precios para los años 2012/2015, con las correspondientes distorsiones en los
precios relativos, el aumento de la escasez con las proporcionadas tensiones y
sorpresas para consumidores, comerciantes y productores que vieron mermadas su
regularidad productiva o sus satisfacciones según los casos. Un asunto que
resume variados episodios, es el de la desaparición de huevos de gallina desde
el 11 de noviembre de 2015 por una medida de fijación de un precio justo ese mismo día en la tarde
y, el cual, se ubicó en un precio menor a un 50% del que normalmente estaba
siendo usado para las compras. Esta noticia se difundió aceleradamente en
prensa, vocerías y realidades de los consumidores –y cercana en intensidad a
otros fenómenos económicos como las corridas bancarias por señalar algún caso-.[9]
Y de esa manera –en tal contexto y con tales
determinaciones-, la economía venezolana en 2014, resumió un escenario
inflacionario de crecimiento de precios en cuanto a 2013. En un ambiente, donde
el BCV se fue perfilando en retrasar las cifras de inflación en varios meses de
2014, la inflación de diciembre de este último año fue comunicada al país en el
transcurso de la segunda semana de febrero de 2015. Así el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), elaborado por el Banco BCV y el Instituto Nacional de
Estadística, registró en el mes de diciembre de 2014 una variación intermensual
de 5,3%. Con este resultado el INPC ascendió a una variación de 68,5% en el
transcurso completo de este año (puede verse www.informe21.com 14-02-15). Para el caso del año 2015,
los retrasos en el suministro de la cifras oficiales fueron mayores y es en enero
de 2016 cuando la administración bolivariana suministró cifras parciales de la
inflación de tal año, para después en febrero suministrar las cifras para el
cierre de tal año, destacándose que los
precios acumularon una variación de 34,6% en el cuarto trimestre de 2015
-inferior a la observada en el trimestre previo (38,9%)- así como que la
variación acumulada del INPC durante el año 2015 fue de 180,9%. (BCV, RESULTADOS
DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, PRODUCTO INTERNO BRUTO Y BALANZA
DE PAGOS, 15 de enero de 2016, http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso150116.pdf; RESULTADOS DEL ÍNDICE
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, PRODUCTO INTERNO BRUTO Y BALANZA DE PAGOS
Cuarto trimestre de 2015 – cierre del año 2015, 18 de febrero 2016, http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso180216.pdf).
En cualquiera de los casos, trátese de interrelación inflación-escasez, inflación-controles, inflación-distorsión
de los precios relativos debe señalarse que, avanzado 2014, se hizo
evidente que, en lo atinente a control de precios, se presentó una
administración que a pesar de ubicarse en una posición de controlar los
precios, realmente la evolución de estos dependía en casos y lugares de manejos
discrecionales de los mismos, incluso por oferentes informales[10]
y, correspondientemente, de manera acelerada la economía fue perdiendo parámetros de precios relativos que
brindasen alguna racionalidad[11],
en un escenario económico donde la escasez se convirtió en un problema
estructural que pasó a inspirar
–paradójicamente- mayores medidas de control o regulación de las actividades
económicas[12].
En esa línea se enmarca el propuesto sistema
biométrico[13]
para el control de precios y escasez y que contradecía las reactivaciones y
aumentos de producción que la administración del presidente NM ofreció llevaría
a cabo desde 2013. En este sentido el Superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez,
señaló en el mes de agosto que el 30 de noviembre del año señalado, todas las
redes de alimentación públicas y privadas del país debían tener instalado el sistema biométrico de abastecimiento
basado en capta huellas que impedirían las compras repetidas que pudiesen ser
destinadas al contrabando[14]
o a la economía informal, dado que una u otra tienen repercusión directa en
inflación o escasez[15].
Finalizando un período posterior de
tres meses de la fecha de referencia, y
en base a un conjunto de observaciones directas en distintos supermercados e
hipermercados, no se pudo constatar (de parte del autor de este trabajo) que se
hubiese masificado la instalación de las capta huellas. En algunos casos solo
se usaba o requería el documento de identificación, en otros no era requerido y
solo en la red Bicentenario se pudieron observar la instalación y uso del
instrumento señalado. Sin embargo, para 2015 y 2016 se había extendido o ampliado
su instalación, según se podía constatar con informaciones y observaciones
directas.
Varias observaciones podían hacerse
sobre la aplicabilidad del sistema
biométrico (o de registro de huellas para evitar compras duplicadas y con
ello el aumento o fortalecimiento de los revendedores) en 2014/2016 para la economía venezolana, en el contexto
en que se encuadraba la administración bolivariana después de 15/18 años. En primer lugar, los problemas de
escasez, inflación y distorsión de los precios relativos estaban ya íntimamente
relacionados con las políticas de control ficticio o real que, apoyadas en una
dinámica cambiaria, fiscal y política particular, se había estructurado como
resultado de una política económica y social no exitosa. Ya más que evidente cuando
se arribó a 2017, con su agudización y profundización de la crisis política y
económica. En segundo lugar, puede ser un sistema más operativo en economías
más pequeñas o menos estratificadas por regiones, estados o grupos sociales. En tercer lugar, se requiere un
desarrollo institucional de registro, supervisión, ejecución y sanción que no
es acorde con el proceso de deterioro institucional y de
desinstitucionalización por el cual había transitado la nación venezolana, en
por lo menos los últimos casi treinta años. Y también, ya más pronunciado al
desarrollarse el año 2017. La experiencia de la administración bolivariana - en
lo visto en más de 18 años de gobierno- en manejo de alimentos y bienes en
empresas e iniciativas como Mercal, PDVAL, Abastecimiento Soberano y las
correspondientes bolsas de los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP) y otras, no es precisamente la más
exitosa, a no ser que se interprete con el fanatismo de los seguidores
incondicionales. En cuarto lugar, requiere un sistema de vigilancia estricto que no
es seguro pudiera conseguirse en la sociedad venezolana de los últimos lustros,
donde funcionarios, organizaciones de seguridad y vigilancia se han visto
inmiscuidas en agudos procesos de corrupción. También más que evidente para
2013/2017. En quinto lugar, el
deterioro de la civilidad y los valores ciudadanos, no pareciera haberse
detenido durante la administración bolivariana si no que por el contrario
habría aumentado, dentro del propio contexto de deterioro económico y social de
los 15 años previos a su propuesta en 2014 (y los tres o cuatro años
siguientes), lo cual brindaba un elemento de entorno difícil para la
aplicabilidad de un sistema de este tipo[16].
Dada la acumulación de problemas
asociados a la inflación en 2013/2014, como son varios de los señalados en este
punto (deterioro de los precios relativos, escasez, oferta informal de
productos, retroalimentación tipo de cambio/inflación, propuesta del Sistema
Biométrico y otros), la administración bolivariana continuó elaborando
propuestas para alcanzar modulaciones en tal dinámica. Una fue la de los precios troquelados, que debían
instrumentarse a partir de 1 de noviembre 2014 –con un plazo a 30 días- y el tal sentido fue informado por el superintendente de Precios Justos,
Andrés Eloy Méndez, en el contexto del llamado programa de Precios de Venta Justos, conceptualizado
como una directriz del presidente NM y en base a la precisión de que es en la
cadena de comercialización donde se desata la especulación (ver www.almomento360.com Caracas, 29/10/14). Una segunda,
atañe a un fenómeno señalado más arriba, y es la dinámica que asumen los
precios en base a la actividad de comercialización de los oferentes informales.
En tal sentido el decreto 1.348 del 24 de octubre de 2014 -publicado en la Gaceta oficial N° 40.526- norma las
prohibiciones y detalles operativos para su ejecución y sobre lo que no
deberían vender los oferentes informales de productos alimenticios, medicinas y
otros rubros[17].
Apartando las reacciones que distintos agentes económicos tuvieron ante esta
propuesta la misma debe ser destacada
pues remite a la importancia ya adquirida definidamente en 2013/2014, en cuanto
a la influencia del comercio informal –dentro de un conjunto de elementos-
sobre la distorsión ya manifiesta, también, en los precios relativos.
Las interpretaciones sobre los niveles de inflación
referidos en este punto son diversas, según vengan de análisis monetaristas,
keynesianos, postkeynesianos o estructuralistas, pero, en resumen, es claro que
el sector productivo no ha respondido con la velocidad de los incrementos de
demanda dada la expansión de la liquidez, creándose una alta dependencia de las
importaciones, dada la relativa sobrevaluación del Bolívar en tales años y a pesar de la sobredeterminación que se
generaba desde el mercado cambiario y
que las propias dificultades para accesar a las divisas -dado el férreo y largo
control de cambios- dificultaban las importaciones en general y las de insumos
en particular. Las medidas y las soluciones de corrección son complejas y
derivan también de los enfoques utilizados, pero -desde 2014- se hizo evidente
el conjunto de marchas y contramarchas de una política económica monetaria y
antiinflacionaria poco efectiva. Los lustros transcurridos en la administración
bolivariana han dejado la permanente
posibilidad de esbozar esperanzas y recomendaciones como la siguiente: “La
solución a ese grave problema implica la restauración de los equilibrios
fiscales y monetarios a través de la racionalización del gasto público, el
incremento de los ingresos públicos, y la eliminación del financiamiento de
gasto deficitario por el BCV; la implantación de una política cambiaria
racional; y, el estímulo de la inversión y la producción privada con el fin de
incrementar la oferta interna y aumentar la eficiencia y productividad del
aparato productivo” (Pedro Palma. La inflación y su solución. El nacional, 27-1-14. Pg. Opinión/6)[18].
Ley de Costos y Precios Justos, Sistema Biométrico,
precios troquelados (dentro de los Precios de ventas justos) son, entre otras, iniciativas de antes de
la administración de NM, o de su administración, que han buscado restringir o
disminuir la inflación y no lo han conseguido, dada la ausencia de políticas
macroeconómicas que se hubieran focalizado e instrumentado con tal objetivo,
atendiendo el gasto público, el déficit fiscal y la monetización del mismo,
entre otros elementos. De la misma manera, en 2017 y en el contexto de la
plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente
se decretó la Ley de precios
acordados (Gaceta Oficial Extraordinaria
Nº 6.342, de fecha 22 de noviembre de 2017). Su objeto se define como “establecer los principios y bases fundamentales para el
Programa de Precios Acordados, mediante el diálogo y la corresponsabilidad
entre los sectores público, privado, comunal, y de las trabajadoras y
trabajadores, a través del estímulo a la producción, distribución y
comercialización de los bienes y servicios que el Ejecutivo Nacional declare
como priorizados, considerando su estructura de costos, para garantizar el
acceso oportuno, suficiente y de calidad a los mismos dado su carácter esencial
para la vida, la protección del pueblo y de todos los actores que intervienen
en la producción, distribución y comercialización, todo ello en función de la
estabilidad de los precios, la paz económica y la defensa integral de la
Nación.”
Se busca, por tanto, con tal Ley, estabilidad en los precios,
garantizar acceso a los bienes y servicios y disponibilidad de bienes a
los precios acordados. En contrario a eso que se busca puede señalarse que, dado
que el contexto en que fue establecida esta Ley es el de uno definidamente
hiperinflacionario[19], por la
intensidad y frecuencia en la variación de los precios[20],
la actitud de los agentes económicos ante los activos de reserva –empezando por el dólar-, la ampliación del
criterio de bienes esenciales y la formación de expectativas; de considerable
escasez y de alteraciones irreversibles en las áreas comercial e industrial, mientras
en el campo productivo y de formación de políticas, se mantengan los principios
y ejes del modelo de desarrollo impulsado por la administración del presidente
NM pueden esperarse movimientos expansivos de las distorsiones, más que
correcciones[21].
@eortizramirez
[1]
Para el caso del contexto latinoamericano la diferencia de resultados y
proyecciones de países son notorias. En cuanto a la inflación estimada para
2014, que en el caso de Venezuela bordeaba el 52% -algo menor de lo que
efectivamente se presenta en la evolución que para el momento de la estimación
ya se le observaba a ese año- es significativo que solo en el caso de Argentina
se proyectaron los dos dígitos, mientras en otros países se proyectaba 3 o 5% (ver
Leonardo Vera, La Crisis de Liquidez Externa de Venezuela: Causas e
Implicaciones. Escuela de Economía UCV. Mayo 2014). Por lo demás, ello revela resultados de políticas en algunos
casos diferentes a las que seguía y ha seguido la administración bolivariana.
[2]
Esto se convirtió en una política de acción regular en la administración de NM,
teniendo sus máximas expresiones durante 2017, con aumentos decretados
alrededor de cada dos meses.
[3]
Entrado 2014 estos retrasos volvieron a presentarse, a pesar de las expresiones
públicas en cuanto a la inconveniencia de esto último.
[4]
El control o regulaciones de precios pasaron a ser actividad de la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socio Económicos (SUNDDE). Llama la atención, a pesar de los
resultados no siempre exitosos acumulados por la administración bolivariana en
cuanto a control de precios –tal cual se señalará más adelante- cómo la misma
ha buscado instrumentar nuevos mecanismos o fortalecer la
institucionalidad o los recursos atinentes a la regulación. Es así como la
administración “…ha anunciado que se sumarán 27.000 fiscales, así como 516
capacitadores de fiscales y 24 jefes estadales a los empleados de la SUNDDE.
Esto significa que este ente regulatorio tendrá un personal o una fuerza de
inspección y fiscalización que supera los 27.540 personas.” (Ver Enrique
González, La SUNNDE y el Record Guinnes. www.analítica.com.
9-09-14). Estas cifras del funcionariado propuesto superan considerablemente
casos internacionales, cuando se incorporan variables como producto, población
entre otras.
[5]Esta nueva
normativa fue fijada por el Ministerio de Educación y la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio
Económicos (Sundde) y apareció en gaceta oficial N° 40.452 de fecha 11 de julio de 2014 y su
contenido está dirigido a normar las matrículas
y señala que para “determinar el monto de la matrícula y mensualidades,
la directiva de cada plantel
deberá presentar ante la Asamblea Escolar la estructura de costos y
gastos como parte integrante del presupuesto del año escolar siguiente";
también señala que la Asamblea
Escolar, con un previo estudio económico, "acordará el monto de la
matrícula y las mensualidades que permitan cubrir los costos y
gastos de la institución durante el año escolar correspondiente" (www.ultimasnoticias.com.ve 14 de
julio 2014).
[6]
El índice de escasez que había estado en 22% (en los cinco meses finales de
2013 se ubicó sobre 20%), en enero de 2014 ascendió a 28% según cifras del BCV
(ver El Nacional 12 de febrero 2014,
pg. Economía/3).
[7]
Para 2016/2017, a algunas de estas cadenas se les cambiaron las
responsabilidades asignadas.
[8]
En abril de 2014, en el contexto de conversaciones de la conferencia de paz a
la cual convocó el Presidente NM por las protestas iniciadas en el mes de
febrero previo, FEDECAMARAS, en palabras de su presidente Jorge Roig, planteó
que procedería el 3 de abril del mismo año a solicitar la nulidad de la Ley Orgánica de precios justos, puesto
que se habían realizado agregados según nuevas normativas cambiarias del
momento. Realmente, desde su promulgación varios voceros del área privada de la
economía habían venido esbozando críticas a la misma, dadas restricciones a la
formación de precios desde el mercado, en base al funcionamiento más libre de
las fuerzas económicas. (Ver www.elimpulso.com,
abril 2 de 2014).
[11]
Una idea de interés en este sentido, parte de los efectos de las propias
medidas de control real o ficticio en las ejecutorias en base a -por ejemplo-
la providencia 003/2014 que versa
sobre los criterios contables generales para la determinación de precios justos
(7 de febrero 2014 gaceta oficial 40.351): “…una vez aprobada la Ley Orgánica
de Precios Justos y la Providencia Administrativa Nº003 los precios no pueden
reflejar la realidad del negocio, donde la incidencia de trabas administrativas
e ineficiencias públicas tienen pesos importantes no reconocidos por la SUNDDE
–entre otros costos fundamentales en la tomas de decisión de los empresarios
desconocidos igualmente por la SUNDDE (se refiere a la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos/EOR) como son los
costos económicos, los costos de oportunidad y de reposición-. Los precios
dejaron de ser el reflejo del valor social de bienes y servicios, así como una
variable que recoge eficiencias o ineficiencias de las operaciones en el país
–al menos aquellos expresamente regulados o producto de la aplicación de la
Providencia Nº003-.” (Enrique González, Sistema biométrico busca sustituir no
proteger. www.analitica.com 1 de
septiembre 2014).
[12]
En las últimas décadas -más aún en el contexto de la administración
bolivariana- los extremos han sido aumentar el estatismo y el control o no
controlar o regular nada en la economía (más allá de regulaciones muy básicas).
Los extremismos de la administración bolivariana derivan de sus posiciones
políticas y económicas –y de su proyecto político general-. En la otra
perspectiva están los neoliberales extremistas. Como se sabe en situaciones
extremas -como son por ejemplo las economías de guerra- que no es el caso de
Venezuela, pueden tomarse medidas de control. Debería poderse considerar algún
tipo de mecanismo de supervisión que permitiese alterar las deformaciones que
se producen en la escasez, inflación y dinámica de los precios relativos, dados
los desenfrenos de los propios consumidores que pueden ser tan determinantes en
efectos, como el contrabando y la corrupción ya institucionalizados. En
cualesquiera de los casos, no pareciera el contexto venezolano de los tiempos
de interés, un escenario adecuado a tales excepciones que pudieran temporal y
programádamente ejecutarse.
[13]
Ver Eduardo Ortiz Ramírez, Sistema
biométrico y escasez. En www.almomento360.com
y www.aporrea.org 26-08-14.
[14]
Uno de los puntos fuertes del contrabando, es el de la frontera tachirense con
Colombia. Para atender tal situación, la administración bolivariana implementó,
a partir de la segunda quincena de agosto de 2014, las restricciones nocturnas
en la circulación de vehículos y personas por los pasos fronterizos implicados entre
Colombia y Venezuela, buscando aminorar la fuga de productos y alimentos a
aquel país. Los factores empresariales involucrados en el caso del Estado
Táchira que ha sido uno de los estados más afectados por escasez, controles y
manifestaciones políticas –en 2014, pero también en 2017- no han visto como muy
positivas distintas acciones de la administración bolivariana. En tal sentido,
en los momentos de la propuesta del sistema
biométrico y de ya estar en
funcionamiento las restricciones en los pasos fronterizos, el vicepresidente de
la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Táchira, Aceta, Pietro Cenicola
señaló: "Una de las debilidades en nuestro sistema económico es que hay
una desvinculación absoluta entre la empresa y el gobierno. No hay mecanismo
por el cual, de alguna manera, podamos tener un franco diálogo continuo y
sincero. Estamos casi que a las órdenes de lo que diga el gobierno. No ha
habido ninguna comunicación entre nosotros. Por muy apreciable que pueda ser la
ayuda que le podamos dar a otros pueblos necesitados, aquí también hay bastante
necesidad". Con la ayuda a otros pueblos se refiere a que parte de lo
recuperado en las acciones contra el contrabando se destinaron a ayudas a los
afectados en el conflicto de Gaza entre Israelitas y palestinos (www.el-nacional.com 24 de agosto 2014).
[15]
Las referencias a este sistema, de parte del Superintendente como del propio
Presidente NM, fueron contundentes sobre las esperanzas que generaba. Señaló el
Superintendente: “El 30 de noviembre
deben tener todos los supermercados e hipermercados del país una capta huellas,
que permita verificar la cantidad de compras, con esto una justa distribución y
atacar el bachaqueo”; así como que la disponibilidad de bienes de la canasta
familiar “Va a estar por encima de los márgenes de necesidad familiar”. En el caso de Presidente NM señaló que: “Eso
va a ser como las capta huellas en el sistema electoral: una bendición
antifraude (…). El sistema de comercialización y distribución a través de la
aplicación del sistema biométrico será un sistema perfecto. Estoy seguro de
eso. Para algo es la tecnología” (ver para ambos casos Correo del Orinoco, www.correodelorinoco.gob.ve 21 de agosto 2014). El día 22 de agosto el Presidente en cadena nacional
volvió a señalar: “No es un sistema racionador, no señor, al contrario, es para
que todos tengan los alimentos, para que el pueblo pueda ir libremente a
cualquier supermercado y comprar sus productos. Es un sistema para
liberar, no para oprimir (…) nos va a permitir ayudar a las familias”,
cuestionando con esto cualquier señalamiento que confundiera la medida con
racionamientos típicos de -por ejemplo- la economía cubana (www.correodelorinoco.gob.ve 22 de agosto 2014). Debe señalarse, sin embargo, que después de estas
iniciales expresiones y aunado a un contexto de críticas y hasta protestas en
estados como Táchira, tanto el presidente de la república NM como el
superintendente señalado suavizaron un poco sus expresiones en cuanto a que el biométrico, sería un sistema voluntario
o, en el caso del superintendente, se hizo alusión a que solo sería aplicable a
23 rubros básicos. El escenario de escasez, inflación, desviaciones de los
consumidores y distorsión en los precios relativos, estuvo tan latente para el
momento de esta propuesta del sistema
biométrico que de manera llamativa -tomando en cuenta las complejidades que
pueden estar inmersas en un sistema como el aludido que busca registrar,
limitar, sancionar y supervisar el consumo- el superintendente declaró: "Si
alguien acude a comprar 35 kilos de harina, eso no es normal. Pero en una
familia pueden ir todos los miembros a comprar" (www.eluniversal.com 260814).
[16]
En una reflexión venida de elementos de la sociología y la política -más que de
la economía- se destaca un elemento muy importante en este sentido que hemos
anotado: “Nuestra cultura desprecia las normas de la civilización.
Queremos ser libres, pero sin normas. Deseamos la Democracia, pero sin partidos
políticos. Somos la única sociedad con esta creencia. No queremos Instituciones
que nos dicten los principios mínimos de civilidad. Nuestra sintaxis la rige el
desorden, la educada voluntad por negar al otro” (Alexis Romero, La cultura
vencida del venezolano. www.elestimulo.com
11/10/14). En cualquier caso, lo parcial que se logró instrumentar en cuanto al
Sistema Biométrico, se volvió intrascendente e inoperante a medida que se
avanzó hacia el 2016 y 2017, con la propia agudización de la crisis económica
en lo que atañe a producción, escasez e inflación. Trata que la escasez aumentó
por las propias restricciones para la producción y por la centralización en la
comercialización de bienes por parte de la administración bolivariana, cuya
expresión resumen y populista pasaron a ser las cajas o bolsas CLAP. Los supermercados
y los abastos, para el año 2016 se les fueron disminuyendo, aunque en grado pequeño, los productos y las colas, y
en el 2017 solo circunstancialmente se les observan bienes básicos y
aglomeraciones de consumidores; por otra parte, algunos bienes pasaron a estar
disponibles con precios dolarizados. En un contexto de esta naturaleza, el
Sistema Biométrico perdió el sentido inicial que tenía asignado (ver elementos
relacionados en www.elestimulo.com 21 junio 2017).
[17]
Los siguientes, son la mayor parte de los bienes contenidos en el artículo 1
del Decreto 1.348 y sobre los cuales se norma la prohibición. Alimentos: Aceite
de maíz, alimentos para animales, arroz, arvejas, atún, sardina, café, harina,
leche, azúcar, mantequilla, pastas, huevos, mayonesa, salsa de tomate, sal,
papa, mortadela, tomates, trigo, maíz, carne de bovino, de cerdo de pollo y
gallina. Higiene personal: Pañales, papel higiénico, toallas
sanitarias, shampoo, acondicionador para el cabello, crema dental, jabón de
tocador, jabones en panela para lavar, detergentes, blanqueadores,
limpiadores,, desinfectantes, afeitadoras desechables y tintes de cabello. Salud: Medicamentos,
material quirúrgico, lencería descartable, repuestos e insumos para equipos médico-quirúrgicos,
prótesis para rodillas, prótesis intraoculares, anticonceptivos, equipos
materiales, reactivos de laboratorio, o para diagnóstico. Así como también
productos e insumos odontológicos. Materia prima, insumos, principios activos y
excipientes para la elaboración de medicamentos. Productos terminados: Aluminio,
hierro, acero, cartón y papel. Educación y vivienda: Útiles
escolares, cemento, cabilla y bloques (Ver Gaceta oficial N° 40.526, 24 de octubre 2014; www.runrun.es 27/10/2014).
[18]
Entrado 2014, algunos pasaron a preferir usar el término hiperinflación en el
entendido que: “Tenemos todo lo que caracteriza una hiperinflación. Las
personas están acaparando cosas porque cuando el dinero no vale nada es preferible
comprar automóviles, alimentos. Además: tenemos un déficit fiscal gigantesco y
la emisión de dinero por parte del Banco Central. Esos son síntomas clásicos de
hiperinflación. Actualmente la inflación venezolana prácticamente es la más
alta del mundo, algo que no ocurrió durante los años ochenta ni en los noventa,
cuando si bien hubo inflación alta el resto de los países también sufría de
este mal”. Este mismo Economista propone un conjunto de lineamientos de
solución económica -donde está abarcada la inflación- partiendo de
señalamientos sobre la inconveniencia de la inamovilidad laboral: “A quién se
le ocurre que vas a tener condiciones para la producción si contratas a alguien
y nunca lo puedes despedir, en un sistema de mercado no tiene lógica mantener
por tanto tiempo una ley de este tipo. Una mentira que se les dice a los
trabajadores. Dices que estás a su favor y en la práctica has descalabrado la
economía. No habría aceleración de la inflación y un elemento
importantísimo es que cuando se hacen anuncios creíbles en materia de
sostenibilidad fiscal y monetarios aumenta la demanda real de dinero de manera
tremenda, se modifican las expectativas. Va a bajar la demanda y eso compensa
la subida del tipo de cambio que es de una sola vez. Se trata de una subida del
nivel de precios no de la tasa de crecimiento de los precios. Pero incluso ese
aumento en el nivel del tipo de cambio no tiene por qué afectarte los precios,
la experiencia histórica te lo dice” Entrevista
a Felipe Pérez Martí: “Estamos al borde de un abismo” Por Prodavinci | 7
de Marzo, 2014. www.prodavinci.com.
[19]
Ver Carlos E. Daly Gimón, martes,
14 de noviembre de 2017 “La
hiperinflación comparada: un análisis de casos importantes en el escenario
internacional” http://masterecointerucv.blogspot.com/2017/11/la-hiperinflacion-comparada-un-analisis.html;
y Asdrúbal Oliveros sobre la hiperinflación en Venezuela; por Víctor Salmerón, 23 de
noviembre, 2017, www.prodavinci.com.
[20]
La evolución de la administración del presidente NM, ha brindado menos
información mientras más alta se ha presentado la inflación. En abril de 2017,
el Banco Central de Venezuela (BCV)
reportó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que el año 2016 la inflación en
el país fue de 274,4% (la segunda más alta del mundo después de Sudán del Sur).
Por su parte, la Asamblea Nacional,
a través de su Comisión de Finanzas y en base a sus cálculos propios, dada la
ausencia informativa señalada, informó, en febrero 2017, a través de José
Guerra, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión
de Finanzas del Parlamento, que la inflación de 2016 se ubicó
en 550% (ver www.finanzasdigital.com abril 20 2017 y www.el-nacional.com 23
de febrero 2017).
[21]
Ideas relacionadas pueden verse en “Ley
Constitucional de Precios Acordados” Enrique González Porras Blog Noviembre 17, 2017.
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