Humberto García Larralde, presidente Academia Nacional de Ciencias Económicas, humgarl@gmail.com
El tema vuelve a concentrar la atención dados los estragos de la hiperinflación desatada por las desastrosas políticas de la dictadura de Nicolás Maduro. Recientemente el economista Francisco Rodríguez, actualmente asesor de Henri Falcón, abogó por la dolarización[1], alabando la experiencia de Ecuador. En el pasado hemos argumentado en contra de esta medida por la extrema vulnerabilidad externa de la economía venezolana, dependiente de un solo producto de exportación (el petróleo), cuyos precios internacionales son muy volátiles. Al dolarizar, las variables monetarias quedarían sujetas a los saldos de la balanza comercial --siendo que hoy Venezuela no puede obtener financiamiento internacional-- y a las decisiones de la Reserva Federal (Emisor) de los EE.UU. Con superávit comercial, o cuando la Reserva Federal aflojase la cartera, el país contaría con más dólares para financiar la expansión económica. Se abarataría el costo del dinero y se incentivaría la inversión productiva. Cuando la balanza fuese negativa, ocurriría lo contrario: contracción monetaria, subida de las tasas de interés y desincentivos (monetarios) a la inversión. Ante shocks externos negativos –caída en los precios del petróleo-- la condición mono-exportadora de Venezuela nos pondría en aprietos. La única variable de ajuste para amortiguar esta situación --en ausencia del financiamiento internacional y sin tener moneda propia-- sería la reducción del salario real, una perspectiva poco alentadora.
El ejemplo favorable de dolarización del Ecuador obedeció, en parte, a que las condiciones mencionadas fueron positivas, es decir, ese país disfrutó de términos de intercambio a favor, con precios altos del petróleo (hasta finales de 2014). Ahora que han bajado, Ecuador ha tenido que ajustarse el cinturón. Cabe señalar, asimismo, que la dependencia del petróleo es bastante menor al caso venezolano: en 2016 ocupó poco menos de la tercera parte de los 16,8 millardos de dólares exportados.
Pero ciertamente, el anclaje monetario en una divisa estable y confiable pararía en seco la pavorosa hiperinflación que hoy nos arruina, abriéndole oportunidades a la población a recuperar rápidamente sus niveles de vida. Francisco Rodríguez pareciera sugerir que el único obstáculo a considerar fuese la necesidad de cambiar la Constitución. Pero es menester pasearse por varios problemas.
1) La gestión fiscal se vería sometida a una muy severa chaqueta de fuerza –precisamente el efecto buscado con la dolarización—que, en las actuales circunstancias, podría resultar muy dolorosa. En 2017 la contracción económica redujo los ingresos fiscales de fuentes distintas a la actividad petrolera, en un 90% con relación a 2015. La recaudación petrolera, dependiendo del tipo de cambio utilizado para calcular los impuestos a esa industria en 2017, ha podido compensar parcialmente tal caída, pero recordemos que su producción se redujo en un 18% con relación a 2015 y el precio petrolero (en dólares) apenas mejoró levemente. De ahí que, para financiar sus gastos, el sector público tuvo que incurrir en un déficit del 12% del PIB, según Francisco Rodríguez. Como sabemos, esta brecha se financió emitiendo dinero sin respaldo en el orden de Bs. 120 billones (120 x 1012), motor principal de la hiperinflación. Acabar con las posibilidades de este financiamiento al eliminar el bolívar es, desde luego, lo que se busca, pero debe contemplarse la dificultad que ello acarrea a gastos que son muy resistentes a la baja, en particular, las remuneraciones de empleados y obreros. Según el informe del gobierno a la Securities and Exchange Commission de los EE.UU. para 2016, el total de estas remuneraciones estaban por debajo del monto del déficit que, en ausencia de posibilidades de endeudamiento externo, debería desaparecer. Por otro lado, el poder adquisitivo del salario mínimo integral (salario mínimo y bono de alimentación) se redujo en más del 70% desde finales de 2015 a causa de la hiperinflación, por lo que sería sumamente cruel seguirlo comprimiendo para intentar cuadrar las cuentas. Lo que queda es dejar de pagar la deuda externa, opción que presentaría otros problemas.
2) La tasa que propone Francisco Rodríguez para convertir bolívares a dólares sería –para estos momentos—de Bs. 68.000/$, lo que implicaría vender a los residentes (tenedores de la moneda nacional) unos $3 millardos de las reservas internacionales. Quedarían apenas $6 millardos en reservas como colchón, pero Venezuela enfrenta un cronograma de pagos de deuda de unos $8 millardos anuales, en promedio, para la próxima década. La revolución tecnológica en la producción de crudo (fracking en EE.UU.) y las políticas por contener la demanda por combustibles fósiles en muchos países hacen poco previsible que incrementos en sus precios vengan al rescate. ¿Cuáles serían las implicaciones de un abierto default para la recuperación económica?
3) Se plantean serios problemas para el sistema financiero. De acuerdo con el balance consolidado de la Banca Universal y Comercial para noviembre de 2017 (último que ha publicado el BCV), la cartera de crédito al sector privado, cambiada a dólares a la tasa antes sugerida (Bs. 68.000/$), quedaría reducida a apenas $500 millones (¡NO Millardos!), monto ridículamente insuficiente para financiar las necesidades de reactivación de la economía. El capital de toda la banca sería de unos ínfimos $35 millones. Y el default antes referido excluiría fuentes externas de financiamiento.
4) Finalmente, habría que evaluar si la tasa de conversión sugerida (o cualquier otra) es mayor o menor que aquella que equilibrase hoy el poder de compra interno y externo del bolívar, pues ello resultaría en precios internos de los bienes mayores o menores que en el caso de una estabilización exitosa unificando el tipo de cambio (Bs/$) en torno a sus valores de equilibrio.
Las consideraciones anteriores vienen a cuento para señalar la necesidad incontrovertible de negociar un generoso financiamiento externo con los organismos multilaterales, sujeto a un radical ajuste estructural, para que la dolarización produjese los resultados esperados. Las condiciones exigidas, saneamiento de las cuentas públicas y eliminación de los controles a la economía doméstica, serían las mismas que en el caso de unificar y estabilizar el tipo de cambio manteniendo el bolívar (en este caso se añadiría como condición eliminar la emisión de dinero sin respaldo). Este financiamiento permitiría cubrir los déficits del sector público, reestructurar la deuda externa (hacerla pagable) y fondear el sistema bancario, mientras la economía se reactivase. Por supuesto, supondría un cambio de gobierno. Dolarizando o conservando el bolívar con un programa de estabilización apropiado, la economía respondería favorablemente y mejorarían los ingresos reales de la población. Es decir, se esperaría un ajuste expansivo, contrario al severo ajuste contractivo a que nos ha sometido Maduro.
Las reflexiones anteriores no pretenden negar de plano la opción de dolarizar sino contribuir a evaluarla en el marco de los problemas referidos. Decidir al respecto exige ponderar la ventaja de aplacar inmediatamente la hiperinflación vs. una mayor vulnerabilidad externa de nuestra economía. Ambas opciones –dolarización o un programa de estabilización conservando el bolívar— requerirían de un generoso financiamiento internacional. Invito a mis colegas a profundizar en los pro’s y los contra’s de ambas considerando éstas (y otras) restricciones. En todo caso, debe quedar claro que la dolarización no es la panacea mágica que muchos quisieran hacernos creer.
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