Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com
En su interesante discurso de incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería y del Hábitat sobre los indicadores del desarrollo venezolano, el ingeniero Werner Corrales Leal plasmó el terrible fracaso del país experimentado a partir de 1978 pero, sobre todo, bajo el régimen actual. Escuchándolo, no dejaba de reflexionar sobre las razones por las cuáles una nación que hace apenas 40 años exhibía un futuro promisorio desembocó en el desastre que hoy sufrimos. Lejos de buscar explicaciones detalladas, me ganó la idea de que el país se perdió por no poder consolidar su democracia, una vez que las condiciones económicas se tornaron adversas. Venezuela se convirtió en pasto de demagogos irresponsables que minaron sus instituciones. Asomo como hipótesis que ello fue posible por la ausencia de un elemento central al sostenimiento de la democracia; el ejercicio pleno de una ciudadanía activa. La solidez de esas instituciones, del equilibrio y autonomía de poderes, y de la vigencia del Estado de Derecho, descansa en esa ciudadanía activa.
Parto de la idea de que la democracia se implantó en Venezuela por la convicción ideológica de sus fundadores, muchos de inspiración marxista. No fue resultado de luchas sostenidas de la sociedad por mayor una participación política y para ampliar sus libertades. La democracia se instituyó desde el Estado, de arriba abajo, sobre todo a partir del trienio adeco de 1945-48, en la forma de una serie de derechos otorgados a través de leyes y decretos, sin mayor protagonismo del pueblo que sería beneficiado. La sociedad civil que conocemos fue el resultado, no la génesis, de ese Estado de vocación democrática. Ello explicaría por qué el disfrute de estos derechos no se acompañó de los deberes que tendrían que ser su sostén. Puede decirse que la construcción de las instituciones democráticas se hizo al margen de la construcción de ciudadanía.
¿Por intermedio de qué mecanismos venimos a vivir en democracia, entonces? Cinco instituciones han contribuido a moldear la forma en que fue asentándose y luego reduciéndose la democracia durante las últimas seis décadas:
1) El nacionalismo;
2) El populismo;
3) El voluntarismo presidencialista;
4) El caudillismo; y
5) El militarismo.
Una visión un tanto simplista de sus efectos se resume a continuación.
La generación del ’28 se sirvió, en sus aspiraciones de cambio, de sentimientos nacionalistas arraigados en la convicción de que las empresas petroleras extranjeras esquilmaban al país con la complicidad o beneplácito de Gómez y de sus sucesores. Tomar control del Estado era necesario para hacer valer los derechos legítimos de los venezolanos frente a un adversario tan poderoso. La “Siembra del Petróleo” fue entendida como una estrategia instrumentada para asegurar su participación creciente en la renta petrolera. Correspondía al Estado la tutela de los medios que asegurarían que ello redundara en justicia y prosperidad. De ahí surgió un contrato social implícito bajo los gobiernos democráticos, consistente en que el Estado proveería niveles crecientes de bienestar a cambio del apoyo político de la población. Por otra parte, la renta petrolera en manos del gobierno confería potestades discrecionales para intervenir en la actividad económica. Un excesivo voluntarismo presidencialista relativizó las garantías institucionales al desempeño autónomo de los distintos actores del acontecer económico y social. Aunque sujeto a reglas de juego amparadas en un Estado que aseguraba los derechos de la gente, el usufructo populista de la renta petrolera inhibió la maduración de una sociedad civil autónoma, base de una ciudadanía protagónica y sostén del reclamo activo de estos derechos con base en la razón moral derivada de haber cumplido con sus deberes.
Con la caída en los precios del petróleo sucumbió ese contrato social y la democracia tutelada por AD y Copei perdió apoyo. Ocuparon su espacio dos instituciones que terminarían por dar al traste con ella: un caudillismo mesiánico que asentaba su legitimidad en la épica independendista y su hermana gemela, el militarismo. El nacionalismo se extremó en forma de un patrioterismo maniqueo que exaltaba el rol tutelar de la fuerza armada contra los enemigos externos e internos que ponían en peligro a la Patria.
El reparto de la renta petrolera ocurriría ahora directamente por voluntad del presidente Chávez, quien desmanteló las instituciones y, con ello, a los mecanismos mercantiles que resguardaban la canalización de la renta a la sociedad: aumentos de sueldos, incentivos fiscales y monetarios, subsidios. Con precios del crudo ascendentes hasta sobrepasar los $100/barril, la dependencia del reparto estatal se acentuó todavía más, privando a la sociedad civil organizada de los instrumentos con los cuales forjar por iniciativa propia su bienestar. Al colapsar el Estado como resultado de la destrucción de la economía, del desmantelamiento del Estado de Derecho y por el robo extendido de los dineros públicos, desaparecieron con ello los derechos que asociamos al ejercicio democrático.
Hoy nos encontramos bajo el yugo de una oligarquía militar civil que se ha apoderado del Estado y que considera suya al país. Mientras pueda seguir depredando lo poco que queda de la riqueza social, en absoluto habrá de preocuparle la suerte de millones de venezolanos en situaciones cada vez más críticas de hambre y miseria. Según el conjunto de hipótesis asomadas, salir de esta situación y consolidar un régimen democrático tiene como desafío ineludible la capacidad y disposición de construir una ciudadanía activa, doliente principal de que sean respetados los derechos civiles, políticos y personales, y garante del cumplimiento del Estado de Derecho como de la solidez de sus instituciones políticas. Acotar el margen de discrecionalidad de gobiernos y presidentes que concentran las decisiones sobre el usufructo de la renta petrolera será crucial para conquistar mayor margen de libertad a la acción cívica. Ello ataña a las instituciones que deberán erigirse para consolidar esa Venezuela post rentista e implican un profundo cambio en la cultura política de sus residentes. Entender y asumir los valores liberales, no como dogma sino como guía para la convivencia en democracia, será un elemento central a estos cambios.
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