ECONOMÍA, VERDADES (Y
“VERDADES”) EN UN ENTORNO DISTORSIONADO. …ESAS COSAS QUE PUEDEN SER IRREVENTES
EN VENEZUELA…
Eduardo Ortiz Ramírez
Iniciando los setenta del siglo XX, Héctor Silva Michelena señalaba que
para que el sector privado venezolano invirtiera un (1) bolívar, el Estado
debía invertir dos (2). Una década después le escuché a un exitoso empresario
del campo y la agroindustria, señalarle a otro del área avícola “¿…y porque
ustedes no invierten solos en esos almacenes fríos en puertos y quieren que el
Estado lo haga junto a ustedes?” El empresario avícola se sintió apenado y le respondió
que era que no tenían suficientes recursos. Una década más adelante, el Estado salió
en avances con problemas bancarios explosivos en el año 1994[1].
A pesar de estas cosas y de haberse presentado hasta finales de los setenta,
dos décadas de buena evolución económica y social y de ser las dos décadas
siguientes (ochenta y noventa), aunque
en forma pronunciadamente decreciente, de tránsito relativamente aceptable[2];
a pesar de todo lo señalado, pues, durante los lustros más cercanos a finales
de los noventa se agudizaron las críticas y exigencias sobre que debían
restituirse las garantías económicas que
habían estado suspendidas y, más aún, sobre el carácter asfixiante de las
gestione estatales. Efectivamente, los
criterios presidencialistas existentes en Venezuela, la democracia de partidos,
el rentismo, la corrupción y otras taras, hicieron de las suyas hasta antes de
iniciarse la terrible administración bolivariana. Pero no es eso, lo que queremos
destacar en esta nota, sino lo que su título indica.
Veamos las verdades. En primer lugar, las ganancias
de la actividad privada. No ha sido fácil asimilar que las ganancias de la
actividad empresarial, puedan ser ponderadas cuando se las ha comparado con la
tasas de ganancia en el mundo desarrollado; la ganancia en Venezuela siempre se
ha deseado alta y boyante. En segundo
lugar, solo una pequeña porción del empresariado realizó labores de tipo
social o aquellas que propendieran a impulsar el desarrollo del país. El Estado
asumió siempre por ejemplo, la creación de infraestructura. Por otra parte, hasta
los años setenta Venezuela tuvo índices inflacionarios bajos, por cerca de casi
dos décadas. Los trabajadores recibían -si no en su totalidad, si en espacios
importantes- salarios aceptables y los precios no presentaban mayores
sorpresas. Anecdóticamente, siempre se recuerda el aumento del litro de leche
de Bs 1 a Bs 1 más 1/8 o una locha, como
era conocida tal parte del bolívar. Los servicios tenían muy bajo costo y eso
no se protestaba por supuesto. Si bien la cobertura no era del nivel de países más
avanzados, una (1) llamada telefónica
desde una casa o habitación familiar, valía también una locha –en parte de los
sesenta y setenta-, durase el tiempo que durase. Los precios estables, más que
los controles eran expresión y determinante de tranquilidad y situaciones
contrarias a un azaroso comportamiento de la economía y el bienestar.
La orientación de controles de precios
puede decirse eran naturales, incluso
en aquellos precios de subsidio que durante lustros le ofreció el Estado al sector
privado a través de sus empresas básicas[3];
a pesar de esto la acción estatal
siempre terminó considerándose negativa ya en los años 80. Destacándose por parte de voceros del área empresarial, una
omnipresencia del estado en la economía y la sociedad. La actividad de la
primera administración de CAP
(1974/1979) -y no alterado ello por LHC
(1979/1983)- le permitieron tener al Estado cerca de 400 entes
descentralizados[4].
Ello deterioró la idea de los servicios públicos en grado alto y de la función
pública en sentido general. Jaime
Lusinchi 1984/1989, nuevamente CAP 1989/1993 y Rafael Caldera 1994/1999 no
lograron subsanar este daño específico, pero abarcante de muchos otros. La función
pública siguió maltrecha y alimentando la corrupción. Un país que había tenido
un alto nivel de vida se encontraba sin saberlo camino al desastre.
Tal posibilidad aparecería cada vez
más durante más de 21 años, con las
concepciones y ejecutorias de la administración bolivariana, y que
fueron apareciendo desde los primeros días de 1999. Sus concepciones pasaron a
ser expresadas como contrarias a todo lo logrado durante los previos cuarenta
años a 1999. Más aún, se expresó la diferencia contundente con el desarrollo mismo
y los logros tenidos durante tales años, los cuales pasaron a ser negados en
sus logros, méritos y avances. Debía imperar la concepción del poder
originario, popular y la conformación del poder cívico-militar. Para ello se
estructuró la Constituyente de 1999 y todos los siguientes pasos que han
llevado a la conformación de todo lo contrario a las esperanzas puestas por sectores
diversos del país en la administración iniciada en tal año, con los resultados
de destrucción económica e institucional.
Sus concepciones han remitido a juzgar como inconvenientes, la libertad
empresarial, los criterios de mercado, las vinculaciones internacionales con EE.UU.
y naciones emblemáticas del capitalismo a nivel internacional. Crecientemente fue
conformando la administración, un vínculo con algunos países de los restos del
socialismo de la guerra fría, o de naciones de confusiones y mezclas con
capitalismo del más salvaje como Rusia y China, que han pasado a albergar a
grupos reducidos de los milmillonarios del mundo. Visto desde 2020, la administración ha terminado derrotada por el dólar, al cual había
dedicado un férreo control de cerca de 15 años que dejó grandes dividendos a
grupos de privilegiados y cercanos a/o miembros de las camarillas y sin
opciones para atender la hiperinflación
imperante desde 2017, siendo lo más curioso el desarrollo de “verdades“ ahora en connivencia tácita
o directa entre la administración y los espacios donde surgen estas últimas.
Se trata
de un contexto donde los controles de precios pasan a ser vistos como la
fuente de la escasez y la inflación; y no es que no lo sean, sino que la
satanización de cualquier forma de registro y supervisión por leve que fuese
deja a las externalidades negativas
del mercado, la posibilidad de afectar e influir en el deterioro del bienestar
de los ciudadanos, que fue lo que siempre (y todavía) buscó compensar el
Welfare State. Debe entenderse, además, que en estas latitudes[5]
la sociedad civil (o espacio de
defensa de los intereses del propio ciudadano) no tiene ni la organización ni
la fuerza que históricamente ha alcanzado en otros lugares y naciones.
La economía informal y el menudeo así
como las ventas ubicadas para los llamados bachaqueros, en momentos están
articulados a los propios comerciantes formales de quienes aquellos, en algunos
casos, son dependientes. Las recientes medidas
de fijación de precios
controlados para 27 productos pone o fija precios altos, y en dólares[6], para la remuneraciones existentes que en el
propio sector público y en áreas del sector privado continúan siendo bajas y en bolívares
soberanos depreciados. Tales precios se presentan así considerablemente
distantes de los ingresos mínimos y regulares, que en otros países de la región
se perciben en dólares. Este cuadro implica
un conjunto de interrelaciones que van más allá del hecho de que cualquier
supervisión o fijación de precios sea el factor determinante en este contexto
de altas distorsiones en salarios y precios relativos.
En el mismo caso de los precios
fijados recientemente, pensemos que la
carne en vez de ser fijada a casi 4$ lo fuese a 6 dólares y el queso blanco en vez de a 2,30 $ a 4 $ y
así con otros productos. Estos productos
a estos precios, se relacionarían de manera distinta con las
potencialidades y prioridades de compra de los consumidores. Así lo que puede
ser verdad sobre efectos de los
controles en relación a los precios y el mercado pierde su cualidad, dado un
aumento más alto con un contexto salarial y de precios como el indicado.
Debe entenderse que la economía, ha
albergado elementos estructurales, que la permiten describir como una de
profundas distorsiones de salario y precios relativos, donde la inacción estatal deja numerosos agentes
en posibilidad de aprovechar y fomentar distorsiones para su beneficio e
independientemente del rumbo por el que pueda transitar o estancarse la
economía, o ver los ciudadanos promedio cada día más deteriorado su nivel y calidad de vida. El grupo de ingresos
dolarizados (en cuanto a que les ingresan dólares) o alto no es mayoritario.
La única manera de corregir algo de
este escenario distorsionado (dado no se observan otras políticas y opciones),
seria dolarizar sin que sea una propuesta de soluciones completas ni que la
alberguemos como solución inevitable. El asunto es que sería lo único que en
este ambiente de inadecuadas políticas, economía destruida y de verdades y
falacias (“verdades”) podría medio enmendar las condiciones de deterioro de la
mayoría de la población; paradójicamente, logrados estos resultados, por una administración revolucionaria de más de
21 años. Para empezar y no hacer mucho
esfuerzo analítico: salario mínimo en un nivel de 300$, más cualesquiera
figuras adicionales de compensación; los restantes sueldos y salarios irían de
ahí hacia arriba con las escalas pertinentes para labores técnicas y
profesionales. Desapareciendo los bolívares; los bancos y cajeros trabajando
con dólares y por ahí irían los nuevos funcionamientos, acabándose los
portales, dólar oficial y funcionando eso si la economía con precios
internacionales sin que se dé la sinuosa inflación en dólares. Que lo hagan,
pues, para que este más claro el escenario de las verdades.
29 de abril 2020
@eortizramirez
eortizramirez@gmail.com
[2] Ideas
relacionadas pueden verse en Humberto Garcia L. http://masterecointerucv.blogspot.com/2020/04/un-cuento-de-hadas-de-clase-media-que.html.
[4]
Puede verse Empresas del estado en America Latina. Escobar, Janet Kelly de. Published
by Ediciones IESA;, 1985
[5]
Específicamente las de Venezuela, con su arrastre de destrucción de buena parte
del país durante tiempos largos del siglo XIX, rentismo craso durante buena parte del siglo XX
y lo que va del XXI, democracia de partidos, presidencialismo, caudillismo y
riqueza súbita de un petroestado.
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